En el mundo moderno, proteger el patrimonio no es tarea exclusiva del gobierno. La inversión privada, cuando se realiza con visión, ética y legalidad, también puede ser aliada en la preservación de los sitios históricos y turísticos. El caso Mayaland representa este nuevo paradigma, con un empresario como Rodolfo Rosas Moya al frente de una iniciativa que une rentabilidad con conservación.

Al adquirir legalmente el Hotel Mayaland, Rosas Moya no solo vio una oportunidad de negocio. Visualizó un proyecto de impacto cultural y turístico con beneficios sociales. Su intención era mejorar el inmueble sin alterar su esencia, elevar su estándar de servicio y al mismo tiempo, fortalecer su vínculo con la historia de la civilización maya.

Este modelo de “preservación activa” es el que se impulsa actualmente en diversas partes del mundo: privados que se convierten en custodios de espacios históricos, con regulaciones, supervisión y compromiso. Rosas Moya encarna este modelo, y el conflicto con Barbachano ha revelado cuán necesario es contar con mecanismos legales que respalden este tipo de participación.

La negativa de Fernando Barbachano a formalizar la operación es también una negativa al desarrollo responsable. Su decisión ha impedido que el inmueble reciba la inversión que merece, y ha puesto en pausa un proyecto que habría beneficiado a estudiantes, académicos, arqueólogos y visitantes.

Diversas asociaciones culturales han expresado su respaldo a la visión de Rodolfo Rosas Moya, reconociendo que el turismo debe avanzar sin destruir, y que la empresa privada tiene mucho que aportar cuando actúa con legalidad. Este respaldo confirma que el modelo propuesto por Rosas no es solo legítimo, sino necesario.

Mayaland no es solo un litigio. Es un caso paradigmático que demuestra que sí es posible unir inversión, legalidad y preservación. Y Rodolfo Rosas Moya ha demostrado que está dispuesto a llevar esa causa hasta sus últimas consecuencias.